SE PERFILA SALIDA A LA CRISIS EN LA AMAZONIA
miércoles 10 de junio de 2009
Por: Gerardo Caballero / Miguel Ramírez
El pleno del Congreso se reunirá desde las 10 de la mañana de hoy con un único punto en agenda: el futuro del Decreto Legislativo 1090 (ley forestal y de fauna silvestre), que se balancea entre la suspensión temporal y la desaparición definitiva.
Primero se sometería a votación el informe de la Comisión de Constitución que propone derogar esta norma. Solo el Grupo Parlamentario Nacionalista, Unión por el Perú y Bloque Popular apoyarían esta propuesta. Sin embargo, los votos de estas bancadas no serían suficientes para enviar el D.L. 1090 al olvido.
Luego de ello, se debatiría un novísimo proyecto de ley para suspender dicha norma. Esta propuesta recibirá el respaldo de la Célula Parlamentaria Aprista, Unidad Nacional (UN) y el Grupo Parlamentario Fujimorista (GPN): la mayoría está asegurada con 62 votos.
De esta manera, el Gobierno y algunas fuerzas políticas esperan aquietar las violentas protestas que los indígenas llevan a cabo en la Amazonía. Temporalmente, al menos.
¿CÓMO SE COCINÓ LA SALIDA?
Después de tocar el suelo, ya no se puede seguir cayendo. Y los vituperios que los congresistas y ministros intercambiaron el lunes en la Comisión de Defensa del Congreso fueron el epílogo del desplome que generaron las protestas en la Amazonía.
La noche de ese lunes, un puñado de parlamentarios de UN, del GPN y del Apra se reunieron en la casa del congresista Martín Pérez (UN), donde comenzaron a estudiar una salida legal a la crisis que ha generado el D.L. 1090. Así surgió la idea de suspender —y no derogar— su vigencia.
Este esfuerzo se retomó ayer por la mañana. El lugar elegido fue la casa de la presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano.
La reunión se inició alrededor de las 11 de la mañana. Esta vez participaron las ministras de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, y de Justicia, Rosario Fernández. A esa casa también llegaron Javier Bedoya, Raúl Castro, Luis Galarreta, Lourdes Alcorta, Martín Pérez (UN), Keiko Fujimori, Rolando Sousa (GPF), Jorge del Castillo y el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra).
Los parlamentarios de oposición precisaron que, si bien apoyarían esta salida legal, exigirán más adelante saldar las responsabilidades políticas por los sucesos ocurridos en Bagua.
La ministra Aráoz expuso los riesgos que, para el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, acarrearía derogar el D.L. 1090. Sin embargo, habría explicado que corre un plazo de 14 meses para terminar de ajustar la legislación peruana a este acuerdo comercial.
Aunque los fujimoristas proponían la suspensión indefinida del D.L. 1090, el resto de presentes expresó su desacuerdo: Eso equivaldría a una derogación. Por ello coincidieron en que la suspensión debía ser por 90 días. Este plazo daría tiempo al Gobierno para instalar una mesa de diálogo con los indígenas y alcanzar así un consenso antes de aprobar una nueva ley forestal y fauna silvestre.
AL QUE MADRUGA
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, parece no estar dispuesto a perder tiempo. A las 10 de la mañana de ayer acudió a la sede de la Conferencia Episcopal del Perú, en Jesús María, donde se reunió con su presidente, monseñor Miguel Cabrejos. Yehude Simon consiguió que la Conferencia Episcopal participe en la mesa de diálogo.
Luego de ello, Simon se dirigió raudo al local de la Defensoría del Pueblo, en el Centro de Lima. Su titular, Beatriz Merino, también se comprometió a participar en este diálogo. La defensoría, además, propondrá un mecanismo para recoger la opinión de los indígenas cada vez que se apruebe una norma que afecte sus territorios, tal como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Poco después de la 1 p.m., Simon también se dirigió a la casa de Lourdes Flores, donde expresó su conformidad con la suspensión del D.L. 1090. ¿Sus esfuerzos serán recompensados?
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